Publicado en diciembre 4, 2014

Carta a la Tercera: Ley de Lobby

Señor director:

Compartimos lo manifestado por un editorial publicado en su medio hace algunos días, en cuanto a que la intención del gobierno de posponer la aplicación de la Ley de Lobby y reformarla antes de que entrara en vigencia es preocupante. La discusión sobre la entrada en vigencia de la ley resultó bizantina -el Ejecutivo no puede estar por sobre lo que el legislador ha sancionado como ley- y entregó a la ciudadanía un mensaje de falta de compromiso del gobierno con la agenda de transparencia y probidad, profundizando el estado de alarmante desconfianza de la población hacia los políticos, las instituciones y sus representantes.

Pero, a diferencia de lo planteado en el editorial, lo que nos parece más grave es la intención de reformar dicha ley antes de que entrara en vigencia, producto del llamado de la Cancillería a excluir de su aplicación la actividad de los embajadores. La propia ley de Lobby contempla mecanismos para salvaguardar la seguridad e interés nacional. Las únicas reformas que hubiesen podido tener lugar son las encaminadas a fortalecer las disposiciones legales, dando competencia al Consejo para la Transparencia para calificar las excepciones que la ley contempla y sancionar su incumplimiento.

Si bien la ley puede ser objeto de reparos, es recibida con altas expectativas en cuanto transparenta el juego de influencias que opera tras la política. Los mensajes equívocos desde la Segpres no hacen sino mermar la confianza que estaba llamada a fortalecer.

María José Poblete
Directora Ejecutiva
Fundación Pro Acceso

 Lee esta carta en La Tercera

 

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