Publicado en julio 28, 2015

Columna de opinión en La Tercera: Avances en transparencia

La agenda de transparencia fue resultado de un proceso de participación ciudadana sui generis instaurado para enfrentar la crisis que había estallado en la política chilena: la creación del Consejo Asesor encabezado por Eduardo Engel, al que se invitaron a hombres y mujeres considerados aptos para analizar y discernir sobre las medidas necesarias para ello. Las recomendaciones de esta instancia fueron numerosas y pertinentes. En respuesta, la Presidenta de la República presentó una agenda de probidad y transparencia y el Congreso realizó la primera cuenta pública de su historia la semana pasada.

Sin perjuicio de ello, como hemos indicado en otras oportunidades, la agenda no ha sido tratada con la debida armonización. En efecto, se ha confundido el discurso al asimilar las reformas referidas a la probidad y aquellas referidas a la transparencia. Se trata de normativas y proyectos de ley diferentes. Respecto a la transparencia y el acceso a la información pública, nuestro país cuenta con una ley desde 2009, la que obliga a la administración del Estado y a otras entidades a entregar a quien lo solicite la información que obra en su poder. Esta ley creó el Consejo para la Transparencia, organismo que ha sido fundamental en su implementación y fiscalización.

La discusión sobre su modificación se inició por estimarse que luego de varios años de existencia, la ley de transparencia debía ser perfeccionada. Sin embargo, por ningún motivo esta revisión debiese significar un retroceso en los estándares alcanzados en nuestro país en la materia, como sería el caso de acogerse las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en septiembre pasado. Por el contrario, esta ley debiese ser la sede de la regulación y fortalecimiento de la transparencia y del Consejo para la Transparencia, en cuanto institución autónoma fiscalizadora. Sus facultades no pueden diseminarse, porque al hacerlo se lo jibariza.

En este mismo sentido, los sujetos obligados por la mencionada ley debiesen ser ampliados, en particular a los partidos políticos, cuyo actuar es, por definición, de interés general. El recientemente ingresado proyecto de ley que regula a los partidos políticos establece que serán organizaciones de derecho público y que recibirán fondos públicos, argumentos de sobra para considerarlos como sujetos obligados por la ley de transparencia, y en consecuencia, obligados a poner a disposición del público la información pertinente y a entregar a todo quien lo solicite (y no sólo a sus militantes, como propone el actual proyecto), la información que obre en su poder.

Por todo lo anterior, creemos que debiese ser presentada una indicación sustitutiva completa que dé pie atrás a las propuestas de reformas (de septiembre) del Ejecutivo, que robustezca al Consejo para la Transparencia y que dé rango legal al portal de transparencia, ente otras medidas. Asimismo, los partidos políticos debiesen ser considerados sujetos obligados por la ley, respetando las particularidades que le son propias y que justifican un estatuto especial que los regule, como la privacidad de los registros de militantes y de la estrategia política, por ejemplo.

Finalmente, es indispensable que por una parte se consagre expresamente en nuestra Constitución el acceso a la información pública como principio del actuar del Estado, junto con el principio de transparencia; y por otra parte, se le consagre como derecho fundamental.  Esta reforma constitucional está hoy en discusión en el Congreso, radicada en una comisión mixta. Esperamos que ella sea aprobada en los términos indicados.

El viernes recién pasado, Fundación Pro Acceso y las organizaciones Ciudadano Inteligente, Chile Transparente y Chile 21 nos reunimos con el Ministro Eyzaguirre y le hicimos ver nuestras aprensiones y aspiraciones. Con ello, esperamos haber colaborado en la percepción de la transparencia y del acceso a la información pública como pilares de una democracia proba y  herramientas fundamentales de una ciudadanía informada e incidente.

María José Poblete

Directora Ejecutiva

Fundación Pro acceso

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