Publicado en agosto 27, 2015

Columna de opinión en La Tercera: Medidas de transparencia anunciadas por el Congreso

Miembros del Congreso Nacional se han mostrado dispuestos a promover la probidad, la transparencia y el acceso a la información pública desde el inicio de esta discusión a fines de los años ‘90, pese a las reticencias que se hacían valer desde distintos sectores. Así, los grandes impulsores de la ley de transparencia, vigente desde 2009, fueron los senadores Jaime Gazmuri y Hernán Larraín. En 2011, se creó el Grupo Parlamentario Pro Transparencia; en 2012, se celebró un Seminario Internacional donde se firmó la Declaración de Santiago sobre Transparencia e Integridad en los Parlamentos y Partidos Políticos; se creó un Grupo Bicameral de Transparencia para respaldar al Grupo Parlamentario y darle continuidad a la Declaración; y se creó la Red Parlamentaria Latinoamericana de Transparencia, Probidad y Acceso a la Información Pública, que reúne a los parlamentos de nueve países.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la ciudadanía no ha visto incrementada su confianza en los parlamentarios. En efecto, en los últimos tres años el Congreso Nacional ha peleado con los Tribunales de Justicia el segundo y tercer puesto de las instituciones con el menor nivel de confianza de la ciudadanía, según la encuesta elaborada por el CEP, teniendo los partidos políticos la exclusividad en el último lugar.

No es de extrañar esta situación a raíz de los hechos conocidos durante el último año y cabe preguntarse sobre qué ha faltado a las medidas hasta ahora adoptadas para prevenirlos y cuán eficaces serán las anunciadas recientemente, sobre todo considerando que la ley orgánica del Congreso Nacional actualmente vigente ya dispone que “los congresistas deben observar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular”. Asimismo, esta misma ley estableció la creación de una Comisión de Ética y Transparencia en cada Cámara que vele por “el respeto de los principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública”; y conozca y sancione las faltas a la ética parlamentaria de sus miembros.

Nos alegramos de constatar en el último tiempo la preocupación y proactividad del Congreso Nacional hacia la profundización de la transparencia y el fortalecimiento de la ética. Por una parte, ha realizado la primera cuenta pública de su historia. Por otra, el 19 de agosto ha sido presentado un proyecto de ley que implementa una serie de medidas que regulan pormenorizadamente el ejercicio de la función parlamentaria en cumplimiento de la obligación de actuar con probidad, a la que ya estaban sujetos.

De la batería de medidas propuestas en el proyecto, dos resultan particularmente novedosas y merecen especial atención, en cuanto incorporan un principio indispensable para el ejercicio del control social y una rendición de cuentas efectiva de la autoridad: la participación ciudadana. La primera, aquella que dispone que cada Cámara deberá establecer en su reglamento un régimen de audiencias públicas y participación ciudadana para apoyar el trabajo de las comisiones. Es de esperar que con ello se formalice y aclare el procedimiento de participación en el Congreso. La segunda y no menos relevante, es la propuesta de creación de una Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria, común a las Comisiones de Ética de ambas Cámaras, la que estará compuesta por miembros externos al parlamento. Su Director Ejecutivo será nombrado a partir de una nómina preparada por el Consejo de Alta Dirección Pública. La utilidad y la profundidad del avance que ella represente en la prevención de la corrupción y de los conflictos de interés dependerán de la independencia y del rol que se le entreguen a dicha dirección, lo que podría verse fortalecido en el proyecto en tramitación.

Es de esperar que las reformas legales que sean finalmente aprobadas garanticen la armonización de las normas existentes y un avance en el ejercicio probo de las funciones parlamentarias; dispongan de un procedimiento de control y sanción que resulte claro, transparente y participativo; y que sean, en definitiva, un remedio eficaz contra la desconfianza en la política y, en la vida pública en general, de la que adolece gravemente nuestro país.

María José Poblete

Directora Ejecutiva

Fundación Pro Acceso

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