Publicado en agosto 7, 2015

Columna de opinión en La Tercera: Secreto de Informe Valech

La discusión en torno a las nuevas revelaciones del llamado “Caso Quemados” ha generado discusiones y comentarios, y removido un debate siempre latente sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. En este marco, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos emplazó al gobierno a levantar el secreto de 50 años que pesa sobre los antecedentes recopilados por la llamada Comisión Valech. El llamado de la directora del INDH nos obliga a reflexionar sobre el acceso a la información que obra en el poder del Estado, el derecho a la verdad o derecho a saber, el secreto y el derecho de las víctimas a guardar su anonimato.

El derecho de acceder a la información pública es un derecho fundamental, y así ha sido reconocido por la OEA, la ONU, la Unión Europea y legislaciones nacionales. Este derecho es un pilar de la democracia, y en casos de violaciones a los derechos humanos adquiere una importancia estructural, como ha declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  En efecto, la comisión, así como la ONU, reconoce que no sólo las víctimas sino la sociedad tienen derecho a conocer la información sobre las graves violaciones de derechos humanos que repose en los archivos del Estado.

En nuestro país, la Constitución y la ley de transparencia y acceso a la información regulan esta materia, garantizando el derecho de acceder a la información pública y disponiendo de un régimen de excepciones.  Entre las causales de secreto establecidas se encuentra cuando así lo declare una ley de quórum calificado por razones fundadas en el funcionamiento del órgano, el derecho de las personas, la seguridad nacional y el interés nacional.

En el caso de la llamada Comisión Valech, los antecedentes fueron recibidos bajo reserva, según lo dispuso el propio decreto que la creó, en 2003. Por su parte, la ley 19.992, de 2004, declaró secretos todos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas a la comisión, extendiéndolo a 50 años, y respecto de toda persona, grupo, autoridad o magistratura. Sin perjuicio de ello, la ley dispuso que los titulares de la información podían darla a conocer a terceros por voluntad propia.

Dos de los numerosos los cuestionamientos que surgen ante a lo recién descrito merecen detención.

En primer lugar, el plazo de 50 años excede con creces los 12 años de reserva de la información, prorrogables una vez, que sugiere como estándar la ley modelo de la OEA sobre acceso a la información. En segundo lugar, cabe considerar el carácter reservado de las declaraciones entregadas a la comisión y la obligación de secreto de quienes tomaron conocimiento de dichas declaraciones.

Las víctimas que entregaron su testimonio ante la comisión lo hicieron sobre la base de la confidencialidad, sabiendo que sólo de ellas dependería que se dieran a conocer públicamente las vejaciones sufridas. Así lo establece expresamente la ley 19.992, y no podía ser de otro modo. Lo contrario acarrearía una doble victimización para quienes fueron sujetos a violaciones de sus derechos humanos. Y es más, aun si no estuviésemos ante una causal de reserva legal, en aplicación del régimen general en materia de transparencia y acceso, las víctimas tendrían derecho de oponerse a la divulgación de la información que les afecta.

En consecuencia, las disposiciones que regulan el secreto en este caso no cumplen con los estándares internacionales ni garantizan el derecho a la verdad o derecho a saber, reconocido internacionalmente. El Estado debe entregar la información que tiene en su poder, y a juicio de la Corte Interamericana, en casos de violaciones a los derechos humanos no puede ampararse en mecanismos como la confidencialidad de la información. Sin embargo, al hacer entrega de la información debe respetar el derecho de las víctimas a mantener la reserva de su identidad, aplicando para ello el  principio legal de divisibilidad de la información,en virtud del cual debe entregar la información pública y denegar la información reservada, como sería aquella que permita la identificación de la víctima.

María José Poblete

Directora Ejecutiva

Fundación Pro Acceso

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