Publicado en enero 12, 2015

Columna en La Tercera: Financiamiento a los partidos

LA DISCUSION sobre el sistema de financiamiento de la política ha generado un debate fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia y de la confianza que la población deposita en las instituciones que la gobiernan y representan. El llamado caso Penta ha venido a remecernos; en la discusión se corre el riesgo de confundir actividades legales -hasta ahora- con otras que pueden ser delictuales. En este contexto, el Ejecutivo envió un proyecto de ley que responde a la necesidad de contar con mayor transparencia, lo que desincentiva la corrupción y permite el control ciudadano, cuyo rol se pretende potenciar, según se indica en el Mensaje.

Sin embargo, el articulado del proyecto resulta insuficiente para conseguir los objetivos que se propone.

En primer lugar, obliga a los partidos políticos a mantener información contable a disposición permanente del público. Esto dista del estándar que la ley de transparencia impone a la administración del Estado, la que debe mantener en su sitio electrónico información relativa no sólo a su contabilidad sino también a su estructura, contrataciones, personal, entre otras. Deberían armonizarse los criterios, ampliando los antecedentes que los partidos políticos mantengan a disposición del público.

En segundo lugar, si bien el proyecto dispone que los partidos recibirán fondos públicos, no los obliga a entregar la información que les sea solicitada por los ciudadanos, la llamada transparencia pasiva, herramienta fundamental para conseguir el control y la participación ciudadana que se aspira.

Luego, para garantizar y elevar los estándares de transparencia es necesario establecer mecanismos que los hagan eficaces. No obstante, el proyecto no condiciona los aportes trimestrales que el Estado realizará a los partidos al cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Asimismo, se establece que se dictará un reglamento para determinar los gastos esenciales para el funcionamiento ordinario de los partidos, en función de los que se fijará el mencionado aporte público trimestral. Dicho reglamento debiese ser considerado de interés ciudadano y sometido a consulta pública, aplicando para ello la Ley 20.500. Al respecto, cabe preguntarse sobre las razones para fomentar la participación política de las mujeres, sin fomentar, también, la de los pueblos originarios.

Finalmente, es necesario dotar al Consejo para la Transparencia, y no al Servel, de las facultades para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones en esta materia. Este órgano autónomo ha ejercido un rol preponderante en el cumplimiento de la ley de transparencia y cuenta con la experticia necesaria para velar porque los estándares aplicables al financiamiento de la política se cumplan. Diseminar la competencia en distintos organismos va en desmedro del principio que se pretende fortalecer.

Si bien compartimos los objetivos del proyecto, las normas en transparencia y participación ciudadana que contempla son insuficientes y deben ser robustecidas, armonizando la legislación existente y fortaleciendo al Consejo para la Transparencia. Este nos parece el único remedio eficaz contra las prácticas de las que hemos venido enterándonos en los últimos meses.

María José Poblete, Directora Ejecutiva Fundación Pro Acceso

Columna publicada en La Tercera el día viernes 9 de enero.

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