Claude, Marcel contra CONAF

  • Fecha: 4 Ene 2004

Rol Nº 4173-2000, 29º Juzgado Civil de Santiago

Rol Nº 5226-2001, Corte de Apelaciones de Santiago

RESUMEN: Fundación TERRAM ONG dedicada a la protección del medio ambiente, solicita copia de las denuncias interpuestas por CONAF en los juzgados de policía local de la ciudad de Valdivia. La fundación intenta con dicha medida fiscalizar el cumplimiento de Decreto Ley 701 (Normativa sobre Fomento Forestal). La fundación TERRAM solicita los informes que sirvieron de base a las investigaciones, además de copias relativas a todas las medidas que adoptó la CONAF en virtud de las mismas. El recurrente señala que el derecho de acceso a la información es un instrumento base para el control que la ciudadanía puede –y debe- ejercer sobre sus autoridades. La sentencia señala que CONAF es un órgano funcional a la administración del Estado y, por lo tanto, debe quedar bajo la reglamentación de las normas sobre probidad y transparencia.

La defensa de la CONAF se centró en el hecho –según afirman- de que los antecedentes solicitados no constituían un acto administrativo y, por ello, no deberían ser objeto de entrega en virtud de la demanda de acceso a la información. Expresaron, además, que TERRAM entorpecía el normal funcionamiento del servicio.

FALLO: El tribunal indicó en su razonamiento que se debía tener presente que gracias al actuar de los particulares – TERRAM - es que el servicio pudo cumplir mejor sus funciones; en efecto, señaló el juzgado gracias a los informes de TERRAM se iniciaron los sumarios y denuncias que CONAF llevó adelante. Por ello, la acción de control y fiscalización de la ciudadanía tuvo efectos en la práctica (labor fiscalizadora), razón por la cual el tribunal acoge la demanda de acceso ordenando a CONAF la entrega de la información requerida. En segunda instancia, la CA señala que la omisión de CONAF afecta el derecho de las personas, de la ciudadanía, a ejercer el legítimo control sobre las autoridades. Los puntos principales que analiza la Corte de Apelaciones podemos sintetizarlos del modo siguiente:

  1. Legitimidad del control social: esto es, control de la ciudadanía relativo a la forma en que se desempeñan sus autoridades; agregan buenos antecedentes sobre lo que ha señalado la CIDH.
  2. Esfera pública como objeto de control social: solo tomar parte o ejercer funciones en la esfera pública, como agente público, legitima el derecho de las personas para controlar a través de las normas relativas a transparencia y probidad. Ello legitima que se incorpore a las empresas privadas al control.
  3. Interés Público involucrado: ello no se determina solo por la existencia (o no) de un acto administrativo. Ello se conecta con el punto anterior (2), pues de acuerdo a esta sentencia, habría una conexión directa entre la existencia de un interés público y el trabajo, funcionamiento y desempeño de algún servicio en la esfera pública (esfera pública – interés público: conexión automática).
  4. Causal de reserva esgrimida por el servicio: no se requiere que las personas justifiquen las razones por las cuales solicitan la información. Lo importante es que la CONAF nunca logra acreditar cómo la entrega de esa información afectaría derechos de las terceras personas.
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