Ley de Probidad Administrativa

En 1999, la ley 19.653, sobre probidad y transparencia públicas, incorporó a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley 18.575), los principios de probidad, transparencia y publicidad administrativas. Esta ley estableció que son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial. Asimismo, consagró el derecho de los interesados a requerirla por escrito al jefe de servicio respectivo, cuando esta información no se encuentre a disposición del público de modo permanente, estableciendo las reglas para ejercer este derecho y la posibilidad de reclamar ante los tribunales, en caso de negativa injustificada de la Administración a proporcionar la información.

Dispuso, asimismo, que las únicas causales en cuya virtud se podría denegar la entrega de los documentos o antecedentes requeridos son la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias; el que la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido; la oposición deducida en tiempo y forma por los terceros a quienes se refiere o afecta la información contenida en los documentos requeridos, el que la divulgación o entrega de los documentos o antecedentes afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación fundada efectuada por el jefe superior del órgano requerido, y el que la publicidad afecte la seguridad de la Nación o el interés nacional.

AdjuntoTamaño
ley_19653.pdf110.56 KB
Ley 18.575.pdf96.22 KB
Para efectos de licencia consultar al autor.