Publicado en abril 9, 2001

Reclaman en tribunales acceso a información

Presentaciones en contra de la Conaf y la Subsecretaría de Pesca solicitan aplicación de la Ley de Probidad que consagra dicho derecho.

Organismos no gubernamentales han resuelto reclamar ante los tribunales de justicia el cumplimiento por parte de los servicios estatales de la norma que establece el libre acceso a la información pública, consagrada en la Ley de Probidad Administrativa promulgada en diciembre de 1999.

Con el objetivo anterior, los abogados Juan Pablo Olmedo y Ciro Colombara, en representación de la ONG “Centro Ecoceanos”, presentarán hoy ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo por acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Pesca.

Este se suma a otro recurso similar en trámite en el 29 Juzgado Civil de Santiago y que fue presentado por el mismo equipo de abogados en representación de la “Fundación Terram” en septiembre de 2000 en contra de la Conaf. Este podría ser fallado esta semana.

En ambos casos, los particulares que requirieron oficialmente información sobre algunas decisiones administrativas adoptadas por la Conaf y la Subsecretaría de Pesca nunca recibieron respuesta alguna de parte de los servicios.

Los dos recursos se basan en el artículo 11 bis de la Ley de Probidad Administrativa que establece que los actos de la administración son públicos y el acceso a la información sólo puede ser denegada en forma fundada y en un plazo no superior a las 48 horas cuando se considere que afecta los derechos de terceros. De no considerarse satisfactoria la respuesta de la autoridad, el requiriente puede recurrir a la justicia solicitando el amparo al derecho consagrado en la nueva legislación.

Este articulado fue considerado hace tres semanas, en un informe sobre libertad de expresión emitido por Human Rights Watch, como un avance en el libre ejercicio del derecho a la información en Chile.

Sin embargo, el organismo estadounidense también expresó su preocupación por la vaguedad de los conceptos utilizados y postuló una urgente reforma a la ley de manera que se especifique con claridad la categoría de documentos oficiales que no pueden ser entregados de manera que no quede a discreción de la autoridad.

Los dos recursos anteriores presentados, según explicó Juan Pablo Olmedo, buscan hacer efectiva la Ley de Probidad en cuanto a que todo ciudadano tiene derecho a acceder a información de los servicios públicos.

El profesional señaló que la norma consagra así el concepto del “control social”, pero que hasta el momento los diversos estamentos del Estado aseguran que ello no existe y que los únicos entes fiscalizadores de su labor son la Cámara de Diputados y la Contraloría.

Olmedo y Colombara son los abogados que llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de la película “La Ultima Tentación de Cristo”, cuya censura fue decretada en fallo de la Corte Suprema. En enero pasado la Comisión demandó a Chile, en un plazo de 6 meses, adaptar su legislación para que en el futuro no se repitan situaciones similares.

Los mismos profesionales también presentaron en diciembre de 1998 ante dicha comisión de la OEA un recurso de amparo por violación del derecho a la información y de participación ciudadana en contra del Estado chileno por las mismas razones por las cuales están recurriendo a los tribunales chilenos hoy.

El caso en la comisión internacional dice relación con la negación de información por parte del Comité de Inversiones Extranjeras a la Fundación Terram, ONG que solicitó antecedentes referidos a la empresa Trillium. La no respuesta motivó una presentación ante de la Corte de Apelaciones que la declaró inadmisble y obligó a los abogados a recurrir a la Comisión.

El Caso Contra La Conaf

El recurso de amparo presentado por la Fundación Terram en contra de la Conaf tiene su origen en una investigación que dicha ONG realizó respecto del cumplimiento de los planes de reforestación por cuatro empresas forestales.

Terram, dirigida por Marcel Claude, detectó una serie de irregularidades las que denunció a la Conaf, solicitando que realizara una investigación y arbitrara las medidas del caso. El servicio público – mediante el oficio 131 del 6 de julio de 1999- confirmó las irregularidades y señaló que evaluaría la “pertinencia de cursar las denuncias respectivas antes los juzgados de policía local”.

Frente a esto, Terram solicitó a la Conaf la entrega de los documentos que avalaron su decisión, pero el servicio público nunca contestó pese a que la ley le da un plazo de 48 horas. Debido a ello, en septiembre de 2000, los abogados Olmedo y Colombara presentaron el primer recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones que distribuyó el caso al 29 Juzgado Civil de Santiago.

Marcel Claude sostuvo a este diario que la Fundación Terram busca, mediante la entrega de información profesional, dar un soporte que potencie la participación ciudadana. “El libre acceso a la información es clave e insustituible para poder demandar la defensa de los derechos ciudadanos. Muchos atropellos se producen por falta de información o información falsa”, dijo.

Claude aseguró que esto es más preocupante aún en materias medioambiental. “Queremos hacer de la Ley de Probidad un instrumento efectivo para que la ciudadanía conozca sus derechos. Si logramos que otros la usen estaremos haciendo un gran servicio al país”, acotó.

El Caso contra la Subsecretaría de Pesca

El recursos de amparo de acceso a información que se presentará hoy en contra de la Subsecretaría de Pesca dice relación con la no respuesta de dicho servicio ante una demanda de información que realizó el veterinario Juan Carlos Cárdenas en representación del Centro Ecoceanos.

El organismo no gubernamental pidió que dicha subsecretaría le entregará los antecedentes y documentos que avalaron la entrega de cuotas de pesca de merluza para la investigación a cinco empresas pesqueras, así como del resultado de dichas investigaciones. Las cuotas de pesca para la investigación se entregan en forma especial con dicho objetivo aun cuando se haya cumplido la cuota de captura y se esté en veda.

Ecoceanos requirió dicha información en diciembre de 2000 y hasta el día de hoy no ha recibido respuesta, razón por la cual recurrirán ante los tribunales.

Ecoceanos requirió dicha información en diciembre de 2000 y hasta el día de hoy no ha recibido respuesta, razón por la cual recurrirán ante los tribunales.

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